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Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o contrae una enfermedad profesional, la Seguridad Social le reconoce las prestaciones que correspondan: incapacidad temporal, incapacidad permanente o, en los casos más graves, prestaciones de muerte y supervivencia para su familia. Sin embargo, muchos trabajadores desconocen que, si el accidente se produjo porque la empresa no adoptó las medidas de seguridad exigibles, todas esas prestaciones pueden incrementarse entre un 30 % y un 50 %, y ese incremento lo paga directamente la empresa responsable.

Esta figura se denomina recargo de prestaciones y es una de las herramientas más importantes con las que cuenta el trabajador accidentado para ver reparado el daño sufrido. En BSC Abogados, despacho especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Pamplona, tramitamos estos procedimientos de principio a fin.

¿Qué es el recargo de prestaciones?

El recargo de prestaciones está regulado en el artículo 164 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015). Consiste en un aumento, de entre el 30 % y el 50 %, de todas las prestaciones económicas que tengan su causa en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional, cuando la lesión se haya producido por:

  • Máquinas, artefactos, instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de protección reglamentarios, que los tengan inutilizados o en mal estado, o que no reúnan las debidas condiciones.
  • La inobservancia de las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o de las elementales de salubridad y adecuación a cada puesto, teniendo en cuenta las características del trabajador (edad, sexo y demás condiciones).

Dicho de forma sencilla: si la empresa incumplió la normativa de prevención de riesgos laborales y ese incumplimiento causó o contribuyó al accidente, el trabajador tiene derecho a cobrar más.

Características esenciales del recargo

El recargo tiene una naturaleza singular que conviene conocer:

  • Lo paga la empresa infractora. La responsabilidad recae directamente sobre el empresario que incumplió las medidas de seguridad. No la asume la Mutua ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
  • No se puede asegurar. La ley declara nulo cualquier pacto o contrato que pretenda cubrir, compensar o transmitir esta responsabilidad. La empresa no puede trasladarla a una compañía de seguros, lo que refuerza su carácter preventivo y disuasorio.
  • Es compatible con otras responsabilidades. El recargo es independiente de las sanciones administrativas que pueda imponer la Inspección de Trabajo, de la posible responsabilidad penal y de la indemnización civil por daños y perjuicios. Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, la cantidad percibida por recargo no se descuenta de la indemnización por daños y perjuicios.
  • Afecta a todas las prestaciones derivadas del accidente. El porcentaje se aplica sobre la incapacidad temporal, la incapacidad permanente en cualquiera de sus grados (parcial, total, absoluta o gran invalidez) y las prestaciones de muerte y supervivencia (viudedad y orfandad). Tratándose de pensiones vitalicias, la empresa debe ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste necesario para garantizar su pago, lo que puede suponer cantidades muy relevantes.

¿Qué requisitos deben darse?

Para que proceda el recargo de prestaciones es necesario acreditar:

  • Que existe un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que haya generado prestaciones de la Seguridad Social.
  • Que la empresa ha incumplido una medida de seguridad, ya sea una obligación concreta prevista en la normativa (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, reglamentos de desarrollo, normas sobre equipos de trabajo, trabajos en altura, riesgo químico, etc.) o el deber general de protección eficaz que pesa sobre el empresario.
  • Que existe una relación de causalidad entre ese incumplimiento y el daño sufrido por el trabajador.

Un aspecto muy favorable para el trabajador es que, en este tipo de procesos, corresponde a la empresa probar que adoptó todas las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo (artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Además, la imprudencia no temeraria del trabajador, derivada de la confianza que inspira el trabajo habitual, no excluye por sí sola la responsabilidad empresarial.

Cuando intervienen varias empresas, como sucede en contratas, subcontratas o coordinación de actividades en un mismo centro de trabajo, la empresa principal puede responder también del recargo si incumplió sus propios deberes de vigilancia y coordinación.

¿Cómo se fija el porcentaje entre el 30 % y el 50 %?

La ley establece que el porcentaje se gradúa según la gravedad de la falta. Para ello se valoran circunstancias como la entidad del incumplimiento, si se trataba de un riesgo conocido y advertido, si existían requerimientos previos de la Inspección o del servicio de prevención, la ausencia total de evaluación de riesgos o de formación, el número de trabajadores expuestos o la gravedad de las consecuencias. Una defensa técnica rigurosa resulta decisiva para que se reconozca el porcentaje más alto posible.

El procedimiento para reclamar el recargo de prestaciones

El procedimiento administrativo se regula principalmente en el Real Decreto 1300/1995 y en la Orden de 18 de enero de 1996. Sus fases son las siguientes:

1. Inicio del expediente

La competencia para declarar la existencia de responsabilidad empresarial y fijar el porcentaje corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El expediente puede iniciarse:

  • De oficio, por el propio INSS.
  • A propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, normalmente tras investigar el accidente.
  • A solicitud del trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, de sus beneficiarios.

No es necesario esperar a que actúe la Inspección: el propio trabajador puede presentar la solicitud. Conviene hacerlo con una adecuada fundamentación de los hechos y de las normas incumplidas.

2. Instrucción

El INSS recaba el informe de la Inspección de Trabajo, da traslado a la empresa para que formule alegaciones y aporte pruebas, y permite también al trabajador presentar las suyas. En esta fase es importante aportar toda la documentación disponible: parte de accidente, informes médicos, testigos, fotografías, evaluación de riesgos, registros de formación y entrega de equipos de protección individual, entre otros.

Si existe un procedimiento penal por los mismos hechos, el expediente puede quedar en suspenso hasta que recaiga resolución firme en esa vía.

3. Resolución

El Director Provincial del INSS dicta resolución declarando o no la responsabilidad empresarial y, en su caso, el porcentaje de recargo aplicable. Si no se resuelve en plazo, el trabajador puede entender desestimada su solicitud y continuar con las siguientes fases.

4. Reclamación previa y demanda judicial

Contra la resolución del INSS, tanto el trabajador como la empresa pueden presentar reclamación administrativa previa en el plazo de treinta días. Si no se estima, el siguiente paso es la demanda ante el Juzgado de lo Social, donde se celebra un juicio con práctica de prueba. La sentencia puede recurrirse en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

5. Plazo para reclamar

El derecho a solicitar el recargo está sujeto al plazo general de prescripción de cinco años. No obstante, actuar con prontitud facilita enormemente la obtención de pruebas, especialmente la declaración de testigos y el estado de las instalaciones o máquinas en el momento del accidente.

¿Por qué contar con un abogado especialista?

El recargo de prestaciones es una materia técnicamente compleja, en la que confluyen el Derecho de la Seguridad Social, la normativa de prevención de riesgos laborales y el Derecho procesal laboral. Las empresas y sus aseguradoras cuentan habitualmente con asesoramiento especializado, y el trabajador necesita estar en igualdad de condiciones.

Además, el recargo suele ser solo una parte de la reclamación. Tras un accidente de trabajo grave, es frecuente que el trabajador tenga derecho a reclamar también el grado de incapacidad permanente que le corresponda y una indemnización por daños y perjuicios frente a la empresa y su aseguradora. Un enfoque global permite coordinar todas estas acciones y maximizar la reparación del daño.

BSC Abogados: abogados laboralistas en Pamplona

En BSC Abogados estamos especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y dedicamos una atención especial a los trabajadores que han sufrido un accidente laboral o una enfermedad profesional. Llevamos expedientes de recargo de prestaciones, reclamaciones de incapacidad permanente e indemnizaciones por daños y perjuicios ante el INSS, los Juzgados de lo Social de Pamplona y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Si usted o un familiar ha sufrido un accidente de trabajo y cree que pudo deberse a la falta de medidas de seguridad, contacte con nosotros. Estudiaremos su caso y le explicaremos con claridad qué derechos tiene y cómo hacerlos valer.

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